El Govern ha aprobado el 11 de marzo el Decreto ley que regula las prestaciones económicas para las personas con grado III+ de dependencia extrema y de modificación de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, tal y como destaca la web del Govern. En la práctica se trata del despliegue efectivo de la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso en noviembre de 2025.
El Decreto ley incluye, aparte de la financiación prevista en la ley estatal, un complemento extraordinario para asegurar que la prestación cubre el coste total del servicio para que el nivel de renta no se convierta en una barrera de acceso a esta prestación.
La prestación prevista en la Ley ELA establece una cuantía máxima de 9.859 € mensuales por persona beneficiaria, de los cuales el Estado financia el 50% y las comunidades autónomas deben asumir el resto. Esta ayuda sólo se puede percibir cuando la persona beneficiaria contrata el servicio correspondiente, pero el alto coste del servicio puede convertirse en una barrera económica de acceso a la prestación.
Para corregir este desajuste, la Generalitat aportará hasta 4.929,5 euros de más para cubrir la diferencia entre la prestación prevista y el coste real de un servicio de atención continuada 24/7 -que en Cataluña se sitúa aproximadamente entre los 14.000 y los 15.000 euros mensuales-. Así, se garantizará esta atención a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su nivel de renta.
El Decreto-ley hace compatibles las diferentes prestaciones y servicios para que las personas con ELA u otras enfermedades complejas irreversibles en fase avanzada reciban la atención que necesitan en cada momento.
Para poder acceder, será necesario que pidan el grado de dependencia extrema, el Grado III+, un trámite que podrán realizar al día siguiente de la publicación del decreto en el DOGC. El reconocimiento del grado III+ y la tramitación de la prestación se resolverán antes de tres meses, tal y como establece la Ley ELA.
El Decreto ley será convalidado por el Parlamento en un plazo máximo de 30 días gracias al apoyo de los grupos parlamentarios de los Comunes y ERC, que han participado en su elaboración aportando criterios de territorialidad y mecanismos de flexibilización para asegurar la cobertura del coste real del servicio de acuerdo con las diferentes realidades territoriales. La Fundación Miquel Valls y otras entidades del sector también han realizado aportaciones al texto.
